Pactos y reacomodos legislativos – Isidoro YESCAS

Isidoro YESCAS

La LXII Legislatura será, sin duda una de  las más controvertida  en la historia reciente del poder legislativo de Oaxaca pues no solamente se caracterizó por la frivolidad  e improductividad de la mayoría de sus diputados y diputadas sino por el dispendio y agrias disputas por el control  de espacios administrativos y recursos económicos por parte de los integrantes de la JUCOPO y coordinadores parlamentarios.

Su penúltima  hazaña fue aprobar en lo oscurito – vía  fax track-  la Ley Estatal de Educación, acuerdo que no alcanzó el consenso  que ahora prácticamente se logró cuando  todos los diputados y diputadas del PRI y del PRD, a los que se sumaron los  del MC y PUP y algunos más del PAN, votaron a favor de modificar el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el objeto de incrementar el número de integrantes de una fracción parlamentaria (de tres a cinco diputados de una misma filiación partidista, por lo menos).

Socialmente intrascendente, el tema se convirtió en el principal punto de desencuentro  interpartidista  toda vez que el acuerdo estaría impidiendo que en  la LXIII Legislatura el PAN y el PT pueden constituirse como fracción, negándoles de esta manera la posibilidad de formar parte de las comisiones legislativas mas importantes  y gozar de otras cuotas de poder y prebendas económicas .

Aunque tal iniciativa (dos cuartillas con  una vacua exposición de motivos  y muchas faltas ortográficas) fue presentada por el diputado gabinista Jaime Bolaños Cacho Guzmán,  la línea política  provino del círculo cercano al gobernador electo Alejandro Murat. Y el objetivo es muy claro: la improductividad de la LXII Legislatura en buena medida obedeció a la pulverización de mandos  que obstruyó una comunicación fluida y eficaz con el poder ejecutivo. Y lo que ahora se pretende es reducir el número de interlocutores, fortalecer la capacidad de operatividad  del jefe del poder ejecutivo  y facilitar el arribo de los diputados priístas a las presidencias de las comisiones legislativas de mayor peso  administrativo y político.

Tal medida, en efecto, es excluyente y regresiva y lesiona derechos adquiridos, pero no deja de ser un tema que poco interesa a la sociedad.

No es el caso de  la aprobación por  parte de los mismos diputados y diputadas del punto de acuerdo  relacionado con la restitución al gobernador del estado de la atribución para designar a los administradores municipales.

Como ya es del dominio público, antes del sexenio de la fallida transición democrática- y  todavía en los dos primeros años- quien designaba a estos administradores era el jefe del poder ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, mediante reforma constitucional, en el 2013 la LXII legislatura  trasladó esta atribución al Congreso del estado, por conducto  de la Junta de Coordinación Política.

Para justificar su  derogación, la la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la citada  legislatura reconoce en su exposición de motivos que  la designación de estos administradores por parte del Congreso local no solamente dividió a los municipios  sino derivó en un simple reparto de cuotas partidistas y hasta personales y  en pago de favores políticos .

Pero ya en manos del poder ejecutivo o legislativo el fondo del problema es que la figura del administrador municipal, además de inconstitucional,  ha resultado un factor altamente nocivo para  la autonomía y democracia de los municipios.

Faltos de ética y alejados en su mayor parte de los intereses y necesidades de los municipios  que por diversas causas  no pueden elegir a sus  autoridades o  son depuestas por el mismo Congreso, la historia de los administradores municipales ha sido la historia del saqueo sistemático e impune  de  las arcas municipales, el tráfico de influencias y la formación de verdaderos carteles de funcionarios públicos y políticos que sexenio tras sexenio se enriquecen a manos llenas.

Si no le rinden cuentas al poder legislativo, menos lo hacen con los pueblos y sus municipios.

Por lo tanto, y si de respetar y fortalecer la autonomía municipal se tratase, lo que debe impulsarse desde la próxima legislatura es la desaparición  de los administradores municipales.

A corto plazo  lo que debe hacerse es revisar y mejorar  los procedimientos legales y administrativos  ya establecidos en la Ley Orgánica Municipal  para la integración de los consejos municipales de tal suerte que quienes los presidan se identifiquen o sean originarios de   la comunidad, como el resto de los integrantes de cada Consejo.

Pero, sin duda, el mejor instrumento para pulsar el rechazo a los administradores municipales, y la urgencia de revisar todo lo relacionado con la autonomía municipal, sería abrir un amplio proceso de consulta en donde se involucren fundamentalmente a los pueblos y comunidades, pero también a los legisladores, partidos políticos y autoridades electorales.

Twitter: @YescasIsidoro

Agosto 4 del 2016.